Hace unos días se publicaron los resultados del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), donde el Perú participó por primera vez. Si bien esto representa un avance en la medición de formación en ciudadanía en nuestro país, lamentablemente los resultados obtenidos nos colocan en el penúltimo lugar entre los 24 países participantes. 

Solo el 35% de estudiantes evaluados reconocen a la democracia y comprenden que las instituciones pueden promover valores democráticos, es decir, 3 de cada 10 estudiantes. Los estudiantes de áreas rurales se ven en mayor desventaja (11%) frente a los de áreas urbanas (39%), en tanto que el 65% se encuentra en niveles previos al básico o básico de este reconocimiento. En similar condición de desventaja se encuentran los estudiantes con alguna lengua originaria, pues solo el 4% alcanza este logro, mientras que el 77% se encuentra en nivel básico o previo al básico. Por otro lado, el nivel socioeconómico (NSE) tiene un rol evidente; quienes se encuentran en un NSE alto (68%) alcanzan mejores resultados que quienes están en NSE muy bajo (13%). Además, el 21% ha participado en asambleas o ha sido candidato para delegado o municipio escolar, frente a un 78% que no.

Estos datos son reveladores. En primer lugar, porque reflejan tres problemas no resueltos que condicionan y limitan las oportunidades y libertades de los/as estudiantes: la brecha urbano-rural, la brecha por condiciones lingüísticas y la brecha económica imperante en el país. En segundo lugar, porque referencia cierto divorcio entre la agenda de sectores de la academia y el quehacer del Estado, debido a que los estudios, investigaciones e iniciativas estatales vinculadas a la formación en ciudadanía no se reflejan en comportamientos o percepciones por parte de quien recibe el servicio educativo: el estudiante. En otras palabras, no han existido resultados concretos. En tercer lugar, porque estas cifras son un caldo de cultivo para actitudes o decisiones autoritarias, por ejemplo, en un potencial apoyo al fujimorismo o posiciones a favor de la pena de muerte, mientras se reproduce el círculo apolítico de los estudiantes. En cuarto lugar, porque pone en tela de juicio el accionar estatal orientado al ciudadano; si no existe un reconocimiento de la convención democrática, la intención estatal ha sido pura normativa y no ha supuesto un cambio en las condiciones de vida de los estudiantes. En quinto lugar, porque evidencia la urgencia de una política educativa en formación de ciudadanía o la re-orientación de las acciones actuales orientadas al estudiante.

En suma, si no cambiamos esta realidad, no será sorpresa que sigan existiendo fujimorismos o un grupúsculo de sujetos que maneje al país a su antojo durante los próximos 20 o más años.